El TSE deberá solucionar esta semana el último problema registrado en el proceso electoral para tratar de calmar las críticas hechas desde la Asamblea Legislativa, partidos políticos, sector judicial y organismos civiles por su actuación en el evento que culminará con las votaciones del 12 de marzo.
Además de lidiar con los reclamos por un padrón electoral con deficiencias y por seguir callando mientras los partidos en contienda continúan violando la ley electoral, ahora tiene que asegurarle a la población que el día de las votaciones habrá resultados preliminares que determinen tendencias para ganadores y perdedores.
El Faro conversó la semana pasada con cada uno de los magistrados para tocar el tema de la organización del evento electoral y para hacer un balance de todo el proceso de elecciones. Punto por punto, problema por problema, aún cuando la palabra “error” aparece varias veces en el discurso de los miembros del organismo colegiado, ellos se desmarcan de responsabilidades directas por las deficiencias que ha mostrado el TSE de cara a las elecciones municipales y legislativas.
“Si tuviéramos los dos meses que perdimos (noviembre y diciembre) ya hubiésemos probado no cinco sino diez veces el escrutinio electoral”, dice Walter Araujo, presidente de la institución y magistrado por ARENA, en alusión a los fondos del presupuesto extraordinario que tenía que entregar el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2005.
Ahora, para corregir las fallas en el conteo preliminar, el martes 1º de marzo, luego de cinco simulacros fallidos –que costaron cada uno entre $20 mil y $25 mil-, el organismo colegiado del TSE tomó una decisión con la cual busca calmar los ánimos: ya no se harán simulacros abiertos al escrutinio público, se apostará por el sistema de conteo de votos que ha venido fallando y se trabajará, a la par, un plan de contingencia (ver recuadro).
La apuesta por el sistema que no funciona |
| Según el magistrado Walter Araujo, el plan “A” del CNPRE, que aún no funciona, es el siguiente: “Se envían desde los centros de votación las actas de cada junta receptora de votos a través de un proceso de digitalización (captar la imagen del acta como si fuese una fotografía, llevarlo a un centro informático de recopilación, y desde ahí distribuir la imagen en las terminales de digitación para que introdujesen los datos de cuántos votos sacan los partidos en contienda. Luego, se realizarían dos procesos de digitación que tras validar la información realizarían la suma de los votos e inmediatamente subirían el acta procesada, para que pueda ser vista por el público, en internet”. El plan B, según Araujo, se ejecutará de la siguiente forma: “No vamos a distribuir las imágenes de forma digital hacia las terminales sino que las imprimiríamos y pasaríamos las actas impresas para la digitación. Todo lo demás es igual”, dice. Este procedimiento es el mismo que se utilizó para las elecciones presidenciales de 2004. |
“No es que queramos ocultar los errores sino que estamos tratando de dedicarnos por completo, sin la distracción que da el escrutinio público, para tener garantizado un conteo preliminar de resultados ya sea con el plan original o con el plan de contingencia”, defiende Araujo.
El magistrado por el PCN, Julio Moreno Niños, al igual que sus colegas, comparte que sin presupuesto no se pudo avanzar en el proceso de modernización del Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE). No promete resultados a las 8 de la noche, tal como se había asegurado hace dos semanas. “Los resultados preliminares los tendremos en la noche del domingo. Se lo aseguro a usted y a la población. No le puedo dar horas porque no me gusta prometer algo que no puedo cumplir”, señala.
Para el magistrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Salamanca, al problema de los fondos se debe agregar el hecho de fallas técnicas que están fuera del alcance de la administración del TSE, pero nada de errores administrativos cometidos por el organismo colegiado.
“Nosotros no somos expertos en informática para decirle que solucionaremos el problema, pero sí que tenemos un equipo técnico que junto al equipo técnico de la OEA están trabajando arduamente para hacerlo”, expone.
El magistrado efemelenista, Eugenio Chicas, arremete contra la presidencia de la institución a la hora de deducir responsabilidades. “La forma con la que se ha dirigido la institución desde la presidencia, de forma centralista, ha provocado que no se escuchen sugerencias de otras fuentes técnicas para manejar el tema del CNPRE. Y como no se han escuchado sugerencias ahí está el resultado”, acusa.
El otro magistrado de la CSJ, Eduardo Urquilla, acepta “cierta responsabilidad” por las fallas en el CNPRE en el contexto de una planificación general que debió de tener en cuenta el retraso de la asignación presupuestaria. Sin embargo, Urquilla alega que la respuesta ante el problema ha sido la más efectiva.
Los otros “errores” sin culpa
Sumado a las fallas en el CNPRE, el TSE también ha tenido que dar explicaciones por fallas calificadas como “insignificantes” por el presidente de la institución. Por ejemplo, hace dos semanas, el Tribunal admitió que, por un “error administrativo”, se envió a imprenta la bandera de la coalición CD-PNL para la votación de alcaldes en cinco departamentos sin el lema “Coalición Fuerzas Democráticas”.
Este error obligó a que se sobreimprimieran 956 mil papeletas, que serían usadas en 35 municipios de San Salvador, Morazán, La Paz, San Vicente y Usulután. El costo de impresión de cada papeleta es de 43 centavos de dólar, por lo que el error ha costado 411 mil 80 dólares.
Araujo, sin embargo, sostiene que no se pagará nada más a la empresa que realiza la impresión de las papeletas porque “lo que se ha hecho es que todas las papeletas pasen de nuevo por la máquina y se les aplique la misma tinta para poner la frase que faltaba”.
El TSE también ha tenido que admitir que una trabajadora de la institución sustrajo alrededor de 35 papeletas de votación. Araujo asegura que ya se están realizando los procedimientos para una sanción, y alega que “no se puede culpar a la administración del TSE por los comportamientos personales de sus empleados”.
El TSE, hasta el jueves 3 de marzo, ni siquiera había pagado el servidor de la red de internet para mantener en línea la página web de la institución. En una publicación de El Diario de Hoy, Araujo declaró que pagó de su bolsa $25 dólares para que la página web pudiera mantenerse en línea.
Registro con deficiencias
Cuando los cinco magistrados del TSE hablan del registro electoral lo hacen con el mismo calificativo: es el segundo “gran problema” que se ha subsanado gracias a la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue presentada a los medios el martes 1º.
Esta auditoría fue encargada por el TSE luego de que desde la Asamblea Legislativa y a petición de la Junta de Vigilancia Electoral se investigara el alto número de personas inhabilitadas para votar –que tienen pendientes proceso legales en su contra-, fallecidos, duplicaciones y homónimos en el padrón electoral.
Araujo señala que el registro no tiene errores sustanciales y que la mayoría de señalamientos en su contra han sido infundados por el FMLN para sacar beneficios electorales. “Porque con un padrón reducido piensan que el voto duro les favorecerá a ellos”, expone.
Chicas, en respuesta, desmiente estas acusaciones y cuestiona al presidente por el rechazo que se ha dado a los partidos y a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para que tengan acceso al registro electoral.
“¿Por qué el registro no quiere darnos elementos como las fotos de los votantes y las direcciones para corroborar que no se haga fraude? Si usted tiene las fotos y la dirección, se elimina la posibilidad de que una persona vote dos veces con nombre diferente o que haya migración de votantes como la que quizá ocurra en Jutiapa, apunta.
Para el magistrado Urquilla, el informe de la OEA si bien señala que el Registro es idóneo, deja a su vez un mensaje claro para la institución: “el informe dice que con ese registro las elecciones pueden ser confiables pero dice, además, que hay que realizar una auditoría integral para corregir todas las fallas antes del 2009”.
Una de las recomendaciones del informe señala lo siguiente: “es válido reiterar la recomendación de que se considere llevar a cabo una auditoría del padrón electoral previamente al proceso electoral del año 2009…”.
Pero para perfeccionar el padrón, todos los magistrados descargan a la institución de responsabilidades y señalan que no es el TSE quien debe llevar a cabo ese proceso.
“Las alcaldías no envían a tiempo la información de defunciones al Registro Nacional de las Personas Naturales y el RNPN no envía a tiempo esta información al Registro Electoral. Cuando haya reformas que hagan cambiar esto, otro escenario habrá”, dice Araujo.
Justicia electoral: la gran deuda
Un año antes de la convocatoria a elecciones, ARENA y el FMLN ya habían adelantado una campaña legislativa con vallas publicitarias y visitas “casa por casa”. En ese momento, el TSE no sancionó nada. Cuando la campaña para diputados inició el 11 de enero, los candidatos a la alcaldía de San Salvador, que legalmente no podían hacer proselitismo hasta un mes después, aprovecharon la oportunidad para hacer campaña adelantada. El TSE, en ese caso, tampoco dijo nada.
“No hay los elementos suficientes en el debido proceso con los cuales se pueda sustentar una resolución condenatoria para los casos de campaña adelantada, mal uso de la propaganda y demás violaciones al Código Electoral que se han visto”, señala el magistrado Mario Salamanca.
Según la dirección jurisdiccional, creada para atender las denuncias por violaciones al Código Electoral, “en todo” el proceso de elecciones sólo se han recibido 16 denuncias que están en trámites de resolución.
Araujo asegura que antes del día de las elecciones la mayoría de esas denuncias estarán finiquitadas, pero advierte que aquellas en las que se acusa a partidos por campaña adelantada o mal uso de campaña “pasarán de largo porque no tienen elementos de juridicidad a su favor”.
Urquilla, aún cuando comparte el argumento de que bajo la lupa del “debido proceso” muchas de las denuncias pierden fuerza y son poco viables, señala que ese no es un impedimento para que el TSE haya pedido orden en la campaña.
“¿El código es ambiguo? Sí. Pero hay otras herramientas como la Constitución o el simple hecho de actuar amparados en la ley para haber puesto un freno a las violaciones en la campaña. Eso sí, los partidos son los principales responsables porque no han querido actuar conforme a derecho”, critica.
Urquilla cree que en el TSE se dejan pasar esas irregularidades porque los tres magistrados que representan a tres de los partidos políticos en contienda están demasiado atados a las estructuras partidarias.
Cuando al magistrado del PCN Julio Moreno Niños se le pregunta si existe una influencia de los magistrados que representan a partidos o si hay una balanza a favor de determinados partidos en el organismo colegiado del TSE, no tiene reparos en responder: “a diferencia del anterior organismo colegiado que estaba cargado a la centroizquierda, este tribunal está dominado más hacia el centro derecha”, dice.
Al repreguntarle al magistrado si las ediciones que se toman en el TSE están influenciadas por esa tendencia, responde con una sonora carcajada y un “ahí sí no puedo responderle cómo vota cada magistrado”.
Chicas, por el contrario, denuncia que desde que la Asamblea Legislativa le dio el tercer magistrado del TSE al PCN en 2004, y luego de que aprobó a finales de 2005 una reforma con la cual la toma de decisiones en el TSE se realiza con tres de los cinco votos del organismo colegiado (y no con cuatro de cinco como era antes), la balanza quedó decantada.
“En todas las decisiones, en todas, la aritmética es la misma: el magistrado Araujo es acompañado por el magistrado Moreno Niños y el magistrado Salamanca en una votación y casi siempre quienes nos oponemos somos el magistrado Urquilla y yo. Claro, con esto no quiero decir que el magistrado Urquilla sea de izquierda”, dice Chicas.
Los dos magistrados que representan a la CSJ se desmarcan de ataduras políticas y aseguran que siempre toman sus decisiones bajo argumentos jurídicos y “no” político-partidarios.
¿Qué se espera el 12 de marzo?
Cuando el día de la votación esté culminando, los cinco magistrados aseguran que el voto de cada ciudadano será recibido y contabilizado de la forma más transparente posible.
En lo logístico, lejos de esperar fracasos en el sistema preliminar de conteo de votos, ellos aseguran que todo será un éxito sea cual sea el plan que se utilice.
“Lejos de seguir criticando el proceso hay que reconocer que hemos tomado una decisión en consenso y le hemos apostado para que el 12 de marzo nada falle en ese conteo preliminar”, expone Eugenio Chicas.
En cuanto a las denuncias por posibles fraudes, el magistrado Moreno Niños es quien con más énfasis declara que “¡no pasará nada de eso!”.
“¡Ningún muerto podrá votar, nadie se atreverá a votar dos veces porque vamos a estar muy pendientes de que eso no suceda¡”, señala.
Para el caso de las migraciones de votantes, Araujo se queja de que el TSE no tiene las herramientas legales para combatir ese “delito” (ver entrevista). Él, sin embargo, señala que por lo menos, el TSE debe de denunciarlo ante todo el país, si es que llega a pasar.
Lea informe de la OEA
